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acuerda pagar daños por 168 mil

La exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán y el ayuntamiento acordaron la reparación del daño por 168 mil 894 pesos debido a las acusaciones que enfrentaba por firmar un convenio para la jubilación de una funcionaria sin autorización del Cabildo.

Esto, luego de que la exedila, señalada por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, fue aprehendida ayer por agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

En la audiencia inicial, que duró casi cinco horas, la expresidenta municipal libró el proceso penal con el acuerdo de reparar el daño, por lo que quedó libre de manera inmediata.

Un juez de control y el ayuntamiento, que fue la parte acusadora, aceptaron que Tellería Beltrán pague el doble de la cantidad por la que se le acusa, 84 mil 447 pesos; es decir, tendrá que entregar 168 mil 897 pesos.

Sobreseen amparo de Yolanda Tellería contra aprehensión

El plazo para cumplir dicho requisito será de seis meses y deberá pagar en una sola exhibición, informó la síndica jurídica Liliana Mera Curiel.

Asimismo, Tellería Beltrán tuvo que aceptar su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por el perjuicio a las arcas municipales en la audiencia, que se realizó de manera privada en la sala siete de los Juzgados Penales de Pachuca.

De igual manera, la expresidenta municipal deberá residir en el domicilio proporcionado antes de la audiencia y no podrá salir del país.

Además, la PGJEH integra otra carpeta de investigación contra la exedila, que milita en el Partido Acción Nacional (PAN).

HABÍA LIBRADO LA VINCULACIÓN

Tellería presuntamente realizó pagos ilegales debido a que, sin consentimiento del ayuntamiento, celebró un convenio para formalizar administrativamente la jubilación y pensión de la exdirectora de Recursos Humanos de la alcaldía capitalina, Teresa Martínez Barrera, quien recibía 28 mil pesos mensuales.

Anteriormente, el 16 de marzo, se llevó a cabo la audiencia inicial de Yolanda Tellería Beltrán, en la cual el Ministerio Público le imputó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por haber autorizado la jubilación de Martínez Barrera con solo tres años laborados en el ayuntamiento y no 25, como exige la ley

Luis Godínez y Yuvenil Torres I Pachuca

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