En el marco de la actual estrategia de seguridad a base de “abrazos y no balazos” y de no usar la fuerza pública “porque la violencia genera más violencia”, el narcotráfico se ha expandido en el territorio.
El pasado 22 de marzo, el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que los cárteles mexicanos controlan “partes” del territorio de México. Blinken, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reconoció los altos niveles de inseguridad en México y que es “el propio pueblo mexicano la víctima número uno de esa inseguridad”.
En marzo de 2021, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Glen Van Herck, afirmó que hasta el 35 % del territorio mexicano eran “áreas con frecuencia ingobernables”.
Algunos senadores demócratas y republicanos han llegado a decir que “a lo largo de las comunidades fronterizas los que mandan son los cárteles no el gobierno de México”.
En esa comparecencia, el senador republicano Lindsey Graham peguntó a Blinken si la estrategia antinarco de Estados Unidos y México estaba funcionando.
El secretario aseguró que la colaboración entre ambos países “era muy estrecha” y que en el último año “se han arrestado a docenas de líderes de organizaciones criminales trasnacionales de primer y segundo nivel”. Pero que era necesario “hacer más” y “ser más efectivo” que implicaba, entre otras cosas, tener una mejor tecnología en la frontera, para detectar e interceptar al fentanilo, que el 93 por ciento entra a Estados Unidos por las fronteras oficiales.
La reacción del presidente López Obrador al informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue emotiva y visceral. Es su recurso más común. No ofreció datos para desacreditar lo dicho por las autoridades de Estados Unidos y solo pronunció insultos y descalificaciones. Lo suyo no es la discusión racional con base en argumentos. Se puede estar en desacuerdo con que nuestro vecino del Norte emita juicios sobre la realidad mexicana, a pesar de que López Obrador todos los días lo hace sobre la de Estados Unidos. Ahí nadie le hace caso.
Es un hecho que desde hace años investigadores mexicanos y extranjeros que trabajan sobre el crimen organizado en nuestro país afirman, con conocimiento de causa, que el narcotráfico controla zonas del territorio y múltiples negocios.
A lo largo de los últimos años, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dado seguimiento, con información sólida y de primera mano, del avance territorial del crimen organizado en México.
En el marco de la actual estrategia de seguridad a base de “abrazos y no balazos” y de no usar la fuerza pública “porque la violencia genera más violencia”, el narcotráfico se ha expandido en el territorio.
La evidencia señala que lo ha hecho más que en ningún otro de los últimos sexenios, a los que López Obrador califica de neoliberales. Eso es lo que constatan las autoridades de Estados Unidos.
En lo que queda del sexenio no va a cambiar la estrategia de seguridad y tampoco, por lo mismo, se va a frenar el avance del crimen organizado en el control de zonas del país.
Al próximo gobierno de la República tendrá, si quiere frenar el avance del narcotráfico, replantear la estrategia de seguridad y caminar por otros senderos. Ejemplos de éxito los hay. El actual gobierno no los quiso seguir.
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