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La Crónica de Hoy en Hidalgo ~ 3 / 03 / 2023

RUTAS. El acuerdo llevará capacitaciones hacia los ayuntamientos, universidades, partidos políticos y ciudadanía para sensibilizar sobre este problema.

Reconoció el encargado de la PGJEH que Hidalgo requiere una procuración de justicia con perspectiva de género.

CONTRA LAS MUJERES

Pie de foto: 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Sostuvo el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, que Hidalgo requiere una procuración de justicia con perspectiva de género en todos los espacios, pues uno de los delitos más recurrentes es la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito físico, sexual o político.

Así lo comentó durante la firma de convenio de colaboración entre Instituto Estatal Electoral (IEEH), Instituto Nacional Electoral (INE) y PGJEH, para acciones de formación y capacitación para la prevención de delitos electorales, atención a violencia política contra las mujeres, fomento de la cultura democrática y educación cívica.

“En Hidalgo es necesaria una procuración de justicia con perspectiva de género, por todos los espacios, no solo para lograr la paridad en la integración de cuerpos ministeriales, no solo para establecer mecanismos para empoderar a las mujeres, sino también para atender los principales delitos del fuero común”.

Señaló, este 2 de marzo, que de las 650 órdenes de aprehensión que ejecutó la dependencia a su cargo, desde hace casi seis meses, el 40 por ciento (%) de ellas son de violencia sexual.

Por ello, abundó en la importancia de atender estos actos ilícitos, prevenir para disminuir su incidencia con la sensibilización y difusión de estas causales en diferentes núcleos, identificarla en todas sus vertientes para que no quede impune.

La consejera presidenta del IEEH, Magdalena González Escalona, indicó que la coordinación interinstitucional para estos tópicos beneficiará a la libre participación y ejercicio político de las mujeres, principalmente rumbo a los comicios del 2024.

“El camino para lograr la efectiva paridad y erradicar la violencia política en razón de género es una marcha larga, sostenida y no menos compleja, sin embargo, con voluntad política es posible mediante mecanismos de colaboración para lograr soluciones distintas, novedosas y puntuales”.

Reiteró que estas actividades buscan la desaparición de la violencia política y prácticas discriminatorias con las feminidades hidalguenses urbanas, rurales e indígenas.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Sergio Zúñiga Hernández, indicó que estas sinergias brindarán respuesta a este fenómeno indeseable que es la violencia política contra las mujeres, que ahora es una vejación que se investiga vía administrativa o como penal electoral.

Recordó que en la contienda de renovación de ayuntamientos del 2020 hubo 800 denuncias y 39 personas detenidas relacionadas a delitos electorales, 59 de ellas por violencia política de género, por lo que la fiscalía impulsó diversos programas de adiestramiento y prevención, materiales audiovisuales transmitidos en radio y televisión, reparto de folletos y otras acciones de difusión hacia más de 14 mil personas.

Además, diseñaron una aplicación móvil para que las personas denuncien cualquier delito, en tiempo real, en el lugar de los hechos y con posibilidad de adjuntar imágenes; producto de ello, para la contienda de gobernador en el 2022, fueron 93 querellas, 13 sobre violencia hacia mujeres.

Para este convenio, prevén capacitaciones presenciales y virtuales dirigidos a los funcionarios electorales y partidistas, incluye dirigentes estatales, órganos de dirección o representantes; también para alumnos de instituciones de nivel superior, universidades tecnológicas, politécnicas y metropolitanas.

Confirmó que visitarán los 84 ayuntamientos para aleccionar a servidores públicos, pues detectaron un incremento en quejas por parte de presidentas municipales, síndicas y regidores, en todos ello entregarán materiales impresos, ya sea en español o lenguas indígenas, así como folletos, guías o manuales con las principales disposiciones sobre violencia política contra las mujeres.

ACCIONES INMEDIATAS. Tras la firma del convenio, la consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, expuso una conferencia sobre la violencia política por razón de género, en donde destaco las acciones inmediatas para afrontar este problema, como la relevancia de que las víctimas reciban información y asesoramiento gratuito sobre sus derechos, las vías jurídicas para su acceso, así como la confidencialidad e intimidad.

Las autoridades electorales, agregó, tienen que escuchar a la víctima para establecer las mejores condiciones de su caso, canalizarla para su atención física o psicológica, incluso pedir al ministerio público sus gestiones; asesorar y acompañar en todo procedimiento penal; conceder las medidas cautelares y de protección para evitar daños irreparables; solicitar análisis de riesgos, entre otras.

Humphrey Jordan relató en su ponencia, entre otros temas, que en abril del 2020, formalizaron permutas en diversas leyes generales que tuvieron efectos en todos los estados, a fin de sancionar violencia política por razón de género pues ya existe un catálogo de al menos 22 conductas que transgreden los derechos políticos de las mujeres, quienes en caso de considerar que padecieron estas infracciones, podrán presentar quejas a través del procedimiento especial sancionador.

La violencia política contra las mujeres por razón de género es “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos de una o varias féminas, inherentes a su cargo, labor o actividad, libre desarrollo de la función, toma de decisiones, libertad de organización o uso de prerrogativas”.

Quienes son posibles víctimas de este delito son aspirantes a cargos de elección popular, candidatas, funcionarias electas, militantes o simpatizante de partidos, así como ciudadanas en pleno ejercicio de la función pública.

 

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