–De la licitación pública, EA-913003989-N432-2022, presentó su propuesta la firma, Vázquez Nava Consultores y Abogados, S. de R.L. de C.V
ENTREGA-RECEPCIÓN
Rosa Gabriela Porter Velázquez
Erogaría el Gobierno Estatal más de 6 millones de pesos para servicios de consultoría y asesoría que solicitó la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, la cual revisaría información del proceso entrega recepción, estructuras orgánicas en las dependencias, pensiones y jubilaciones, patrimonio inmobiliario, contratos, entre otras.
De la licitación pública, EA-913003989-N432-2022, ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo presentó su propuesta la firma, Vázquez Nava Consultores y Abogados, S. de R.L. de C.V. por un monto de 6 millones 855 mil 600 pesos, para dotar de estos servicios de consultoría por un periodo de 60 días.
Aunque en el sitio oficial de licitaciones públicas del gobierno estatal apareció un fallo del 14 de diciembre que otorgaba el mencionado contrato hacia Vázquez Nava Consultores y Abogados, S. de R.L. de C.V., al consultar nuevamente el día 16, ya no estaba dicho documental.
Principalmente, evaluarán la información, datos, reportes y archivos emanada del proceso de entrega recepción en el Poder Ejecutivo; en la estructura orgánica verificarán su debida conformación con la autorización de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico (CISCMRDE), que existan actas de sesiones y ordenamientos internos regulados.
La Oficialía Mayor brindará una base de datos que analizará la referida consulta respecto a las jubilaciones y pensiones de los ejercicios presupuestarios 2012 a octubre del 2022, áreas de oportunidad, así como propuestas de solución.
Revisarán una muestra de las operaciones inmobiliarias de enajenación de predios propiedad del gobierno del estado, del lapso de enero a septiembre del 2022, a fin de constatar la existencia de la documentación que justifique las enajenaciones respectivas en términos de lo dispuesto por la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo, además de la validez del procedimiento llevado a cabo para la formalización de las ventas.
Sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, contrastarán cuantitativamente una muestra de 90 procesos de contratación llevados a cabo por la Oficialía Mayor para cotejar que cumplan con requisitos mínimos documentales establecidos por la normatividad aplicable, entre ellos la investigación de mercado, la justificación de excepción a la licitación pública, el acta del comité y contratos para corroborar su existencia y veracidad en obligaciones fiscales, patronales y de seguridad social.
También reconocerán la aplicación correcta de la Ley General de Archivos, establecimientos del sistema institucional, el grupo interdisciplinario, reglas de operación, armonización de instrumentos de control archivístico y propondrán recomendaciones para la adecuada administración documental del Poder Ejecutivo.
Identificarán asuntos jurídicos, litigios, procesos contenciosos en materia laboral que deriven en eventuales laudos condenatorios contra el gobierno estatal, que afecten las financias públicas o las plazas disponibles en caso de posibles reinstalaciones; de igual manera, conocerán de asuntos transversales que provoquen riesgos administrativos en las dependencias.
Para esta actividad, la Oficialía Mayor otorgará reportes de resultados de evaluaciones, cédulas de control, fichas analíticas, mapas de riesgos administrativos, informes finales, entre otros.
Como dato relevante, recientemente publicaron otra convocatoria, EA-913003989-N452-2022, para contratar servicios de estudios e investigación actuarial al fondo de pensiones en el Poder Ejecutivo.