La Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Pachuca, es un modelo de referencia para las entidades en donde se ha logrado la despenalización del aborto, pues además de ser un espacio donde todo el personal son mujeres, ellas están debidamente capacitadas y sensibilizadas para la atención a las pacientes y cuentan con experiencia en la defensa de los derechos de este sector.
Así lo reconoció Daniela Téllez del Valle, directora de Di Ramona y representante del movimiento ILE Hidalgo, por medio del cual brindan acompañamiento y asesoría a quienes desean acceder al aborto, ya sea desde casa, acudiendo a una unidad médica pública o una clínica particular.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del estado, de julio de 2021 a agosto de 2022 se registraron 721 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en unidades de salud, pero durante el mismo periodo Di Ramona acompañó mil 215 procedimientos con medicamentos en casa y atendió dudas de aproximadamente mil 425 personas sobre cómo acceder a abortos seguros en hospitales públicos o privados.
A pesar de reconocer el trabajo realizado en la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, la activista señaló que queda tarea pendiente por realizar, como mejorar las campañas por parte de la Secretaría de Salud de Hidalgo para acceder al servicio y lograr que tanto en el IMSS como en el ISSSTE ofrezcan la atención.
Esto, ya que al ser instituciones que se rigen bajo normas federales, no ofrecen el servicio, “pero al estar en territorio hidalguense tendrían que estarse adecuando a las necesidades de la población de su territorio”, comentó, al considerar que por sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se considera al aborto como un derecho humano y que por tanto ya se están rompiendo esas barreras.
Recientemente, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo concedió un amparo solicitado por una mujer oaxaqueña, derechohabiente del ISSSTE, para que se reconociera que el Código Penal federal vulnera su derecho a decidir, pues restringen el aborto voluntario, por lo tanto, la legislación federal no será aplicada y no será criminalizada si decide abortar o buscar acceso a los servicios.
“En Hidalgo hemos visto un progreso favorable, en el estado es donde mejor se ha implementado este derecho, pero desde luego, esto tiene que ver con la presión que se ha generado desde la sociedad civil” señalo Daniela Téllez.
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La entidad avanzó en ILE antes de despenalización
Antes de que Hidalgo lograra la despenalización del aborto, en junio de 2021, la sociedad civil en conjunto con la administración pública ya trabajaba en estrategias para la prevención del embarazo adolescente, así como en un protocolo de atención para el acceso al aborto que estuviera dentro de las causales de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046.
Así lo refirió Bertha Miranda Rodríguez, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), durante su participación en el panel “Experiencias en la despenalización del aborto y accesibilidad”, organizado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en donde también participaron Baja California, Ciudad de México y Oaxaca.
Miranda recordó que previo a lograr las modificaciones al Código Penal estatal, así como a la Ley de Salud del estado para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12.6 semanas de gestación, al igual que establecer la responsabilidad de la Secretaría de Salud de garantizar el procedimiento, Hidalgo ya estaba preparado para recibir a las mujeres.
Expuso que desde 2009 las organizaciones civiles ya trabajaban mediante ejercicios de monitoreo simulado y capacitación en el marco legal para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, en 2014 se lanzó una campaña para la atención y prevención del embarazo adolescente con varias dependencias en la entidad.
Para el año 2015 comenzaron a trabajar en un protocolo para la atención del acceso a las causales establecidas en la NOM 46 para la interrupción del embarazo, aunque reconoció que prevalecían las barreras en los entes gubernamentales.
Aunque en el 2019 la iniciativa para la despenalización fue rechazada en el Congreso del Estado, para el 2021 se aprobó por mayoría, convirtiendo a Hidalgo en la tercera entidad en garantizar el acceso al aborto.
Actualmente, hay 16 unidades médicas donde es posible realizar el procedimiento, por lo que reconoció que aún resta trabajo para consolidar este derecho como una realidad.
Hidalgo es la tercera entidad del país en garantizar el acceso al aborto
Algunos hospitales que brindan el acceso:
- Hospital General de Pachuca
- Hospital Integral de Jacala
- Hospital Regional del Valle del Mezquital
- Integral Cinta Larga
- General de Tula
- Regional de la Huasteca
- General de Actopan
- Regional Otomí-Tepehua
- General de Tulancingo
- Clínica de Salud Sexual y Reproductiva
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Inconstitucional pedir denuncia para interrumpir un embarazo: Suprema Corte
En el mes de febrero, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 158, en su fracción II del Código Penal de Hidalgo, que limita la interrupción del embarazo producto de una violación al plazo de 90 días después de la concepción y lo condiciona a la existencia de una denuncia previa del delito.
Lo anterior, tras concluir que tal disposición constituye una vulneración grave a los derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Esta decisión emanó de la revisión de un amparo promovido por una adolescente en condición económica precaria que fue víctima de violación sexual y amenaza de su agresor para que no dijera nada, y que el Ministerio Público le negó de manera reiterada la posibilidad de interrumpir el embarazo producto del delito del que fue víctima, pues la menor presentó su denuncia después de haberse enterado de su embarazo.
A partir de ello, la SCJN resolvió que al negarle a una mujer la interrupción del embarazo por violación representa una afectación injustificada al derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación, así como a los derechos reproductivos de la mujer y persona gestante, al obligarlas a actuar conforme a estereotipos de género sin tomar en cuenta su condición de adolescente, mujer y víctima de violencia sexual.
Asimismo, la Primera Sala deliberó que prohibir la interrupción legal del embarazo, producto de una violación, o condicionarla a la interposición de una denuncia a un tiempo limitado o cualquier otro requisito, genera daños y sufrimientos graves a las mujeres víctimas de violación sexual, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado producto de un hecho traumático, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos.
Prohibir el aborto producto de una violación constituye una forma de tortura: SCJN.
Feministas marchan por el Acceso al Aborto Legal y Seguro
La capital del estado es el punto principal donde las mujeres integrantes de diferentes colectivas feministas continúan marchando en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro para exigir el respeto a su derecho a decidir sobre sus cuerpos. La protesta sigue realizándose pese a que en Hidalgo ya se logró la despenalización del aborto en el 2021, pues afirman que es un derecho que aún no está plenamente garantizado y se busca lograr en todo el país, además de erradicar los estigmas sociales.