Los militares presos por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al subsecretario de Goberación, Alejandro Encinas.
La denuncia, presentada contra quien resulte responsable, es por la presentación de pruebas falsas para incriminar al Ejército y poner en riesgo la investigación sobre la desaparición de los 43 con la creación de una red de complicidad.
Los militares también pidieron la renuncia de Encinas como titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
“En su intento de obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores, presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable -por no decir abiertamente falsificada- y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, afirmó la defensa del General y ex jefe del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez.
Los abogados Alejandro Robledo Carretero y César González Hernández también representan al capitán José Martínez Crespo; al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y al soldado Eduardo Mota Esquivel.
“Sin respeto a la ley, a las instituciones, a las víctimas ni al pueblo de México, el subsecretario ha incurrido en violación de correspondencia; ha presentado declaraciones falsas ante las autoridades, ante la prensa y ante la sociedad”, sostiene la defensa en un pronunciamiento dado a conocer en conferencia de prensa.
“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados; y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones, la reputación del Gobierno de este País y del Ejército y la libertad de personas a quienes ahora busca presentar como chivos expiatorios”.
Aunque Robledo Carretero y González Hernández expusieron que la denuncia por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión del informe oficial de la Covaj y en las indagatorias y procesos que se están ventilando es contra quien resulte responsable, se centraron en Encinas.
Los abogados se basaron en el informe que presentó el pasado 18 de agosto como presidente de la Covaj y que incluía 467 capturas de pantalla de presuntas conversaciones que incriminaban a militares y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que asesora en la investigación, dijo desconocer, y el 31 de octubre descartó su autenticidad.
“La Comisión, mientras sea presidida por el subsecretario Encinas, no tiene como objetivo ni la verdad ni la justicia. En su afán irresponsable por producir resultados, e incriminar al Ejército por tener algo que mostrar ante la prensa y la sociedad, el subsecretario ha caído en los mismos vicios que tanto criticó a quienes le precedieron en la investigación”, acusó la defensa.
Aunque el propio GIEI aseguró que la falsedad de las pruebas no altera las 83 órdenes de aprehensión dictadas el 23 de septiembre pasado por el juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, y que incluyen las de los militares, pues fueron emitidas con base no en el expediente de la Covaj sino en el de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, los abogados de los cuatro militares detenidos afirmaron que se ha viciado el proceso.
En el mensaje leído, se recordó que el 18 de agosto, en la presentación del informe de la Covaj, Encinas aseguró que existía evidencia irrefutable que acreditaba la participación de los miembros del Ejército, lo que repitió en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de agosto, e incluso dijo que habían trabajado estrechamente con el GIEI.
“Estas afirmaciones son falsas. lo más grave es que evidencian la politización de un caso profundamente doloroso para México y acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos que atentan contra la verdad y manchan el buen nombre del Ejército mexicano”.
Los abogados negaron la participación de los militares y aseguraron que la intención con las pruebas presentadas por Encinas es corromper el debido proceso y la presunción de inocencia de sus defendidos.
En su escrito, los abogados de los militares recriminaron la manera como se han realizado las investigaciones.
“Transcurrieron casi cuatro años desde estas promesas, y todas ellas fueron vanas quimeras convertidas en mentiras que hoy día enfrentan al pueblo de México no con una ‘verdad histórica’, sino con una versión perversa que mancha el prestigio de las Fuerzas Armadas”.
Jorge Ricardo Nicolás | Agencia Reforma
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