–Sala Toluca también descartó apelaciones que promovieron Acción Nacional y PVEM
DURANTE 2023
Rosa Gabriela Porter Velázquez
La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corroboró que es correcto el criterio del Instituto Estatal Electoral (IEEH) en cuanto al cálculo de financiamiento para Movimiento Ciudadano (MC) durante 2023, a partir del 2 por ciento (%) de prerrogativas para actividades ordinarias.
En el juicio de revisión constitucional, ST-JRC-17/2022, MC inconformó el fallo del recurso de apelación TEEH-RAP-MC-033/2022, en el que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) calificó como infundados, inoperantes y subjetivos los agravios que denunció el partido en cuanto a la distribución de recursos locales.
Durante sesión pública, Sala Toluca acordó como infundados los agravios planteados por la cúpula “naranja”, ya que hubo análisis exhaustivo en cuanto la inaplicación del artículo 30, fracción V del Código Electoral hidalguense, además que el criterio asumido es acorde a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 76/2016.
El pleno sostuvo como válido que el financiamiento local disponga de una regla de distribución diversa, en función de que cuente o no con representación en la legislativa estatal.
En el acuerdo del IEEH determinaron que el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) constituyó la regla de acceso para que las cúpulas nacionales cuenten con derecho a recibir financiamiento público estatal, es decir, alcanzar el 3% de la votación en la última contienda; en cuanto a la distribución, tomaron en cuenta el artículo 30 del Código Electoral hidalguense, que es con base en los resultados de comicios a diputados locales.
MC logró el 3.16% en la elección de gobernador, por lo que accederá a financiamiento público para el 2023, pero al no tener representante en el Congreso del Estado, recibirá el 2% de prerrogativas para actividades ordinarias, en total, un millón 82 mil 400.91 pesos.
En otro momento de la sesión, resolvieron dos recursos de apelación que interpusieron Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) para revocar conclusiones de los dictámenes de fiscalización correspondiente al ejercicio ordinario del 2021, mismos que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Relativo al ST-RAP-28/2022, PAN denunció que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) no valoró adecuadamente las pruebas y comprobantes, pues detectó que no existe certeza sobre el destino y aplicación de más de un millón de pesos que transfirió el Comité Ejecutivo Nacional a la dirigencia estatal en 14 movimientos bancarios.
Sala Toluca estipuló como infundados los agravios porque los “albiazules” no acreditaron comprobantes o documentación soporte idónea de los recursos transferidos, ni recibos internos para conocer la aplicación final y concreta de los mismos, por tanto, ratificaron la punición por un millón 177 mil 545.58 pesos.
Finalmente, en el ST-RAP-31/2022, PVEM acusó que los castigos monetarios fueron excesivos y no cuenta con la capacidad económica para liquidarlos, además que la resolución carece de fundamentación y motivación, pero Sala Toluca desestimó ello porque INE puntualizó circunstancias de tiempo, modo y lugar, revisión de las faltas, entre otros requerimientos, entonces, revalidaron la multa de un millón 254 mil 680 pesos.