La diputada Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa para la creación de un Protocolo para la activación de la Alerta de Género para el estado, el cual podrá activarse a favor de mujeres, niñas y adolescentes cuando exista un contexto de violencia feminicida o la omisión de autoridades en materia de prevención, atención o sanción.
De acuerdo con la propuesta presentada por la legisladora, se busca garantizar la integridad, libertad y seguridad, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas en el estado de Hidalgo partiendo del cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades que vulneren sus derechos.
Por ello, plantea que el procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que motiven su solicitud.
En este caso, podrá activarse cuando exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio determinado.
Cuando existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción, y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, y cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
La propuesta de la diputada expone que, para cumplir con el objetivo, las autoridades deberán hacer del conocimiento público el motivo de la alerta y la zona territorial que abarque, implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, de atención, de seguridad, de procuración e impartición de justicia, de reparación del daño y legislativas que correspondan.
Además, iniciara su trámite a solicitud de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, por colectivos o grupos de familiares de víctimas a través de una persona representante, o a petición de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.