En al menos 80 por ciento de los países del mundo existe un “mal uso” del sistema judicial contra la libertad de expresión, lo que se ha traducido en supuestas leyes para combatir la desinformación que en realidad incentivan al acoso contra periodistas, denunció este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Unesco presentó el informe “El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas” en el que lamentó siga persistiendo un hostigamiento en contra del gremio a través de demandas penales y acusaciones civiles.
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“Varios países han endurecido o reintroducido las disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria al declarar nuevas leyes que pretenden abordar la ciberseguridad, las ‘fake news’ y la incitación al odio (pero) además de la difamación penal, se ha incrementado el uso de la difamación civil, que a menudo da lugar a daños desproporcionados y tiene un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, aseguró.
En su análisis sobre las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP, la Unesco explicó que por lo regular estas demandas penales contra periodistas en realidad no tienen como objetivo resultar exitosas en los tribunales, sino abrumar a los comunicadores con procesos judiciales largos y costosos que incluso pueden significar la quiebra.
Asimismo, y en relación a que los principales promotores de estas demandas por supuesta difamación provienen de empresarios y actores políticos, las SLAPP se usan con frecuencia para disuadir a los periodistas de cubrir ciertos temas de interés debido al constante hostigamiento, por lo que la Unesco hizo un llamado a derogar estas leyes en contra del daño moral que se mantienen en 160 países de los cinco continentes.
“La Unesco sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de la utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”, urgió Taefik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información de la agencia de las Naciones Unidas.
Y es que de acuerdo con el desglose de datos presentado por la Unesco, este tipo de prácticas se mantienen principalmente en los países de América Latina y el Caribe, donde 29 de los 33 países de la región mantienen en sus constituciones la penalización de la difamación.
Le siguen Europa Occidental y América del Norte, donde estos procesos penales contra el daño moral permanecen en los estatutos de 20 de las 25 naciones que llegan incluso a sanciones privativas de la libertad.
En México, por ejemplo, este tipo de faltas se contemplan en el Artículo 1916 del Código Civil Federal, el cual establece que el responsable deberá indemnizar económicamente al afectado el cual será determinado por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso.
Uno de los casos más destacados en este sentido fue la disputa legal que emprendió el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra el periodista y académico Sergio Aguayo, a quien acusó de daño moral tras la publicación de una columna donde denunció la corrupción del exmandatario priista.
En un primer momento Aguayo fue condenado por un juez civil a pagar 10 millones de pesos por este concepto, sin embargo, al interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste fue absuelto y liberado de pagar la suma después de una batalla legal que duró seis años.
Por ello, la Unesco solicitó a los países miembros de la ONU derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil “adecuada”, cumpliendo con los estándares de normas internacionales.
Asimismo, pidió a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios periodistas generar y participar en campañas de sensibilización hacia los lectores para evitar este tipo de acciones en contra de los comunicadores.